Las Organizaciones Financieras Internacionales (IFIs) podrían ser consideradas cómplices de la dictadura Ortega-Murillo por continuar financiando con más de cinco mil millones de dólares sin el debido control de ejecución, aún en medio de la sistemática violación de los DD.HH, los señalamientos de crímenes de lesa humanidad y la supresión de la democracia, perpetrados por el régimen de Managua, segun concluye un reciente estudio liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
El informe, denominado «El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos», hace revelaciones que conducen a concluir que, al momento de aprobar financiamiento a la dictadura Ortega-Murillo, el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no han cumplido diligentemente con sus mandatos sobre la vigilancia y tutela de los derechos humanos, la democracia y el rechazo de crímenes de lesa humanidad, obligaciones contempladas en sus respectivas constituciones y que además son parte de sus obligaciones en el marco del derecho internacional.
En ese sentido, el informe centra su foco en el análisis de las relaciones entre «el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las IFIs, en el marco de las obligaciones referentes a la prohibición de crímenes de lesa humanidad y al respeto a los derechos humanos en Nicaragua», señala el documento publicado esta semana por Raza e Igualdad.
El análisis apunta que, sin bien es cierto que las IFIs tienen prohibido practicar actividades políticas e intervenir en asuntos internos de sus miembros, y sus decisiones deben orientarse imparcialmente por aspectos económicos, sin dejarse influenciar por asuntos políticos «el respeto a la democracia y a los derechos humanos son económicamente relevantes y deben ser tenidos en cuenta por las IFIs en contextos como el de Nicaragua».
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Así, la organización defensora recuerda que, desde 2018, «el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo es responsable por las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas contra la población civil, por motivos políticos que asumen la condición de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la amplia documentación y conocimiento de la crisis nicaragüense no ha sido suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales cambien su estrategia en relación con el país y reforzar su debida diligencia de derechos humanos».
![Dante Mossi, desde el BCIE, fue cómplice de Daniel Ortega.](https://www.articulo66.com/wp-content/uploads/2023/06/Dante-Mossi-complice-de-Daniel-Ortega-1024x576.jpg)
Reiteran que el Estado de Nicaragua es el responsable por el respeto, protección y garantía de los derechos humanos en su territorio, mientras que las IFIs «son responsables de cooperar para poner fin a las violaciones de las normas “jus cogens” (norma de cumplimiento imperativo del derecho internacional). No hacerlo puede ser considerado un acto ilícito internacional y conducir a exigirles la obligación de reparar integralmente a las víctimas», advierten.
Más de U$5 mil millones para la dictadura en medio de la crisis
El estudio revela que, hasta febrero de 2024, el BM, FMI, BID y BCIE apoyaban al régimen Ortega-Murillo en 97 proyectos de desarrollo, que en ese momento estaban en etapa de ejecución. Para esos proyectos, las IFIs han proporcionado a la dictadura financiamientos que sumaron 5,082.43 millones de dólares, según constataron en la información disponible en las respectivas páginas web de esas instituciones.
Pero lo más llamativo y criticable, de acuerdo con la información revelada por el estudio de Raza e Igualdad es que, entre los proyectos en ejecución se cuentan 57 que están siendo financiados con U$2,784.43 millones provenientes de esas IFIs y que fueron aprobados después de 2018, cuando los Ortega-Murillo iniciaron la escalada represiva que aún persiste y que ha cobrado más de 350 asesinatos, varios miles de heridos, decenas de miles de exiliados así como encarcelamientos, desnacionalizaciones, destierros y confiscaciones, acciones consideradas crímenes de lesa humanidad.
Las IFIs están obligadas a proteger DD.HH.
Entre sus revelaciones, el estudio concluye que, las IFIs están vinculadas por reglas de «jus cogens» , de tal manera que esas instancias financieras «deben prohibir y prevenir los crímenes de lesa humanidad y en ese marco se encuentran: no reconocer como legal los crímenes del régimen Ortega-Murillo; no ofrecer ayuda o asistencia financiera, recursos que son utilizados sin el respeto por los derechos humanos y que, en la práctica, perpetúan al régimen en el poder».
El documento agrega que «las IFIs –por reglas de derecho internacional– están vinculadas al respeto a los derechos humanos, por lo cual deben formular e implementar políticas para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor en el territorio nicaragüense».
Por tal razón, Raza e Igualdad les recuerda a las financieras internacionales que «no poseen inmunidad judicial absoluta» por lo que les advierte que «cuando violan sus obligaciones están expuestas a acciones ante tribunales competentes».
«Desde Raza e Igualdad, entendemos que las IFIs y su trabajo son esenciales para el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en Nicaragua; pero es necesario que ellas actúen dentro de sus mandatos y de acuerdo con sus reglas internas, basadas en el derecho internacional, para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua, cumpliendo con sus obligaciones de prohibición de crímenes de lesa humanidad y de respeto a los derechos humanos», señala la organización defensora.
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Asimismo, la organización hace ocho recomendaciones al Estado de Nicaragua entre las que destacan que, «garantice el acceso público a la información de acuerdo con los estándares internacionales sobre los proyectos de desarrollo ejecutados en su territorio, absteniéndose de perseguir o criminalizar a las personas que soliciten información sobre ello».
Además, que grantice la investigación, procesamiento, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el ámbito de proyectos de desarrollo en su territorio, y que, en coordinación con las IFIs, lleve a cabo una inmediata revisión de los proyectos en su territorio ante las constatadas violaciones de sus obligaciones sobre derechos humanos y prohibición de crímenes de lesa humanidad, establecidas por el derecho interno e internacional.
Para el ambientalista y director en el exilio de la ONG fundación del Río, Amaru Ruíz, el análisis de Raza e Igualdad revela que sí existen estándares que establecen que las IFIs «deben de orientar su inversión hacia el desarrollo del País (Nicaragua) respetando ciertos niveles de garantías democrática, de derechos, de responsabilidad en el uso transparente de los recursos financieros».
Ruiz recordó que muchos de esos fondos que le son entregados a la dictadura provienen de los Estados, es decir, de los contribuyentes de esos países, por lo tanto requieren de «cierta rigurosidad» en el control de la ejecución.