Mientras en Nicaragua se reportan una serie de cambios climáticos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin tener como prioridad la situación ambiental del país, ordenó instalar el próximo 23 de junio, 16 nuevos «árboles de la vida», conocidos popularmente como «chayopalos». Pese a que la ciudadanía ha expresado su rechazo hacia estas estructuras metálicas, la vicedictadora continúa con su campaña de imponer estos símbolos de «culturas extranjeras».
La historiadora, investigadora y excarcelada política Dora María Téllez publicó un vídeo en su canal oficial de YouTube para criticar la instalación de las nuevas «arbolatas», calificando esta decisión como un «gasto» que no ayuda a reducir las altas temperaturas que sofocan a la población nicaragüenses.
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«¿Cuál es la gran solución que el gobierno de los Ortega-Murillo da a los problemas que hay actualmente? Sembrar árboles de lata. Ahí está anunciada, con bombos y platillos, la siembra de árboles de lata que cuestan centenares de miles de dólares. ¿Dan sombra los árboles de lata? ¡No, dan calor!», expresó la activista política.
Téllez describió a los «chayopalos» como «un metal que al sol hierve» y que «da más calor a la gente y los barrios que están alrededor». «¿Los árboles de lata dan vida? No, los árboles de lata matan a todo lo que tienen alrededor. ¿Los árboles de lata son tan baratos de sembrar como un árbol de verdad? No, cuestan miles de dólares construirlo, miles de dólares instalarlo y miles de dólares mantenerlo», afirmó la opositora.
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La investigadora indicó que «los árboles de verdad tienen luz y su propia vida», mientras que a «los árboles de lata hay que estarles encendiendo unas bombillas». Téllez reiteró que esta es «la gran solución que da el régimen al grave problema de las inundaciones, al despale de nuestros bosques y a la ola de calor que está ‘acosando’ a los nicaragüenses».
En 2013, los «árboles de la vida» empezaron a instalarse en la Avenida Bolívar, en Managua, y posteriormente se expandieron por toda la capital. Para 2018, cuando estallaron las protestas cívicas, se calculaba que había al menos 140 «chayopalos» en la ciudad, con un costo aproximado de 3.5 millones de dólares cada uno. No se conoce ningún proyecto de reforestación que tenga un costo siquiera del 20% de lo que han costado las «arbolatas».
Ortega contra los bosques
De igual manera, la exguerrillera sandinista precisó que el cambio climático es una problemática a nivel mundial pero en el caso de Nicaragua, el régimen de los Ortega-Murillo ha realizado una «contribución enorme al deterioro del clima».
«Hay un despale inmisericorde de nuestros bosques y hay tala de árboles a lo ‘descosido’ porque ya se sabe quién está detrás del negocio de que salga la madera para todos lados, de que se corte la madera, y de que se venda la madera», denunció Téllez.
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La historiadora señaló a la empresa de capital venezolano-nicaragüense «Alba Forestal» como una de las principales responsables de la deforestación. El negocio extrajo unos cinco millones de metros cúbicos de madera tumbada por el Huracán Félix, lo que equivale a 73 mil 855 contenedores de madera. Esta actividad le habría generado unos 5.8 millones de dólares entre 2014 y 2016.
La activista política lamentó que «mientras Brasil, Colombia y Costa Rica están reforestando y han aumentado sus bosques, Nicaragua está reduciendo sus bosques de tal manera que los expertos dicen que en pocos años nos vamos a quedar prácticamente sin bosques».
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Lo expresado por Téllez es secundado por la investigación «Bosques en venta: la corrupción y el colapso de la gestión forestal en Nicaragua» del Observatorio Pro Transparencia y AntiCorrupción. Este informe señala que en los últimos 55 años ha disminuido drásticamente la cobertura boscosa de Nicaragua.
En 1969 el país contaba con 76 % del territorio con algún tipo de bosque, esto equivale a 98 mil 982 kilómetros cuadrados. La cifra ha disminuido hasta 34 mil 75 kilómetros cuadrados en 2020, lo que representa aproximadamente el 25 % del territorio nacional.
«La ola de calor va a ser peor, poniendo en peligro la vida de las personas que tienen enfermedades crónicas, de los trabajadores agrícolas y de la de la construcción que trabajan al sol y el viento», advirtió la investigadora política, desnacionalizada y desterrada por el régimen orteguista.