A través del Acuerdo Presidencial 03-2020 publicado en la Gaceta Oficial, este lunes, 20 de enero, el dictador Daniel Ortega nombró a Ervin Antonio Vargas Pérez, directivo del sancionado Banco Corporativo SA (Bancorp), por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como Miembro Propietario del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
En la página de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), aparece el nombre de Ervin Vargas con el cargo de vigilante del Bancorp.
El ocho de febrero de 2019, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aseguró a través de su cuenta de Twitter informó que las sanciones a la petrolera venezolana (PDVSA), también fueron aplicadas al Banco Corporativo S.A (Bancorp).
Today’s sanctions against Laureano Ortega and Bancorp in #Nicaragua affirm the U.S. commitment to support the Nicaraguan people in their quest for freedom and hold accountable the Ortega regime for its corruption and human rights violations. https://t.co/ktnwmmUO5n
— Department of State (@StateDept) April 17, 2019
El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó las sanciones contra Laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja presidencial de Nicaragua, y contra el Banco Corporativo, S.A.(Bancorp), la entidad financiera que sirve como caja fuerte de la familia gobernante y los negocios multimillonarios que han construido con los fondos de la cooperación venezolana y al amparo de la corrupción.
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Mientras en 2017 todo el dinero del petróleo venezolano que era manejado en la Caja Rural Nacional (Caruna) pasó a las bóvedas del Bancorp. A finales de ese mismo año, y ante posibles investigaciones de Estados Unidos, los principales banqueros habrían ejecutado una migración masiva de dólares procedentes de Albanisa, que estaban resguardados en varios bancos nacionales y que fueron transferidos al Bancorp.
Es el premio de los asesinos a sus sicarios por los servicios prestados. Deberían de sancionar en pleno a todo el estado mayor del ejército asesino y criminal de los Ortega Murillo y a toda corte suprema de injusticias, a toda la fiscalía y declarar al estos asesinos como régimen delincuencial. Hay que aislarlos del mundo para que rindan cuentas y entreguen todo lo robado al pueblo.